En febrero de este año, EL DIA pidió una información por escrito al ministerio de Seguridad bonaerense. Se intentaba saber cuánto dinero se debita de los haberes del personal de esa cartera -a través de los códigos de descuento- y a favor de qué entidades. La solicitud dio lugar a un expediente de casi veinte fojas, con intervención de los más variados organismos provinciales, que se tramitó durante más de seis meses para terminar negando la información. Su contenido es una obra maestra de la burocracia.
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Impecable telenovela burocrática que de algún modo le enseña a tanto periodismo curioso, que no se puede andar escarbando por todos lados. El objetivo de los grandes organismos públicos es simple y obstinado: los datos están a veces para ser ocultados y la información debe superar un entretejido de zancadillas para que poco se sepa, mucho se ignore y casi todo se intuya. Por eso esta historia es toda una revelación.

Capítulo 1. Febrero del 2.000. Un periodista de este diario anda en busca de una información del ministerio de Seguridad sobre el sistema de descuentos automáticos a los empleados de esa cartera. Y el 11 de febrero presentó una nota solicitando los datos -después de que se le sugiriera esa vía- en la Dirección de Liquidación de Sueldos.
Lo que se pedía no era ninguna información reservada ni secreta: a favor de qué organizaciones se practicaban descuentos en los haberes del personal y por qué montos globales cada mes.
El 15 de febrero, mesa de entradas del Ministerio eleva las actuaciones al director general de Administración. Y a partir de allí, lo que sigue es un sinuoso laberinto que ni Borges se hubiese atrevido a imaginar.
El 22, de allí le piden permiso a la Asesoría Letrada a fin de que "quiera tener a bien emitir opinión al respecto". Lo firma el director General de Administración.
El 16 de marzo llega la respuesta. Una carilla y media de indescifrable lenguaje, con citas constitucionales (la Nacional y la Provincial) y reflexiones sobre la libertad de prensa. Primero dicen que "el impetrante (el periodista) no acredita, al iniciar el presente expediente administrativo, la legitimación necesaria" (eso te pasa por solicitar lo que no se debe). La nota -una pequeña obra maestra de la ambigüedad- insiste en que no se debe limitar la acción del periodista, siempre que no vulnere "derechos personalísimos del personal, como es su intimidad y privacidad". Y agrega que "las acciones privadas de los hombres (...) están sólo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados". Al final (¿qué hacemos?) "nada obstaría brindar la información que se requiere", aunque consideran pertinente antes de darla, requerir opinión (por si las moscas) "de la Contaduría General de la Provincia y de la Asesoría General de Gobierno".
El comisario Daniel Paz, con fecha 21 de marzo (llegó el otoño y nada), y a sugerencia de la asesoría, envía entonces el expediente a la Asesoría General de Gobierno, encareciéndoles que después de emitir opinión giren todo, para el mismo fin, a la Contaduría General de la Provincia.

El 28 de marzo contesta la Asesoría General de Gobierno, pero advierte que antes de resolver deberá tomar conocimiento la Dirección General del Personal de la Provincia. También con fecha 30 de marzo está la nota dirigida a Contaduría General de la Provincia para que tome contacto con estas actuaciones. La clave -parece- es involucrar a muchos para que la decisión se enturbie.
El 8 de abril del 2000 hay una larga nota firmada por el contador general de la Provincia. Hace algunas reflexiones sobre estos descuentos y sin decir ni Sí ni No aconseja girar todo a la Dirección General de Sueldos de la Provincia y a la Asesoría General de la Provincia.
El 28 de abril, una nota dice que "visto lo actuado y por expresa disposición del ministro de Seguridad, pase el presente al superintendente de Coordinación General para que por intermedio de la secretaría general se le dé intervención a la Dirección Provincial del Personal de la Provincia y se recabe posterior dictamen de la Asesoría General de Gobierno".
Porfiada y cíclica, la historia vuelve a sus orígenes y desanda el camino ya hecho. A esa altura, el pedido de la redacción de EL DIA ocupaba a más gente que el puente Punta Lara-Colonia. El 2 de mayo está la elevación. Y el 18 de julio (ya está el invierno) el director de Coordinación Legal y Técnica se los envía a la Asesoría General de Gobierno, siempre explicando que la información requerida "no puede incluir los nombres de los agentes a quienes se les efectúan los descuentos (cosa que en absoluto se había solicitado) sin el consentimiento expreso de los mismos".
Ya falta poco y se suma más gente al partido. Con fecha 8 de agosto (¡cómo pasa el tiempo!) en nota al ministro, el asesor general de Gobierno, después de advertir que para dar la información pormenorizada se debe contar con la autorización de los agentes, fundamenta su dubitativa respuesta con este párrafo inolvidable: "nada obsta para que se suministre al peticionante de autos la información solicitada, tal la que dimana del presente, la que de suyo debe integrarse con las informaciones a que se hizo referencia precedentemente, a excepción de la indicada en el capite precedente, ello en la inteligencia que la solicitud deducida por el periodista puede subsumirse en los principios que nacen en la soberanía del pueblo". Conciso y clarito. El cronista temía, a esa altura, que en cualquier momento lo llamaran de Naciones Unidas.
El 11 de agosto vuelve el expediente a la Dirección General de Administración. El 16 de agosto hay un pase a la Dirección de Personal. Y el 31 de agosto por mesa de entradas dan la orden de informarle al diario que su lejano pedido obtuvo una respuesta negativa. Esa notificación, en rigor, llegó a la redacción hace algunos días.
Más allá de que la información que se solicitaba debería ser pública y que los principios legales más sagrados avalan el derecho a conocer cualquier detalle de la administración de fondos públicos, si la respuesta iba a ser negativa, ¿no se pudo responder así en febrero? ¿Por qué tanto suspenso y tanta gente involucrada? Ya se sabe: el saber no ocupa lugar, pero ocupa tiempo.